La protesta colombiana del 21N en el concierto de la rebeldía latinoamericana a finales de 2019

 Jorge Hernández Lara

Profesor del Departamento de Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Investigación sobre Acción Colectiva y Cambio Social del CIDSE, en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Email: jorge.hernandez@correounivalle.edu.co.

Agradezco a lo/as estudiantes del Programa de Sociología de la Universidad del Valle que matricularon el curso de Autores Latinoamericanos en el segundo semestre de 2019 porque, sin que lo supieran, me indujeron a pensar en el tema de este escrito, como si se tratara de una conversación con ello/as, con todo/as, no solo con lo/as que escogieron a Ecuador y Chile como “países adoptivos” para hacer sus trabajos finales.  

La explosión de rebeldía que se vivió en Colombia a finales de 2019 tuvo algo de parecido a lo que estaba sucediendo simultáneamente en otros países de América Latina, principalmente Ecuador y sobre todo Chile, pero contó también con sus particularidades. Las semejanzas tuvieron que ver con los motivos originales de la protesta, las diferencias con la escala de lo que estaba en juego y el desarrollo posterior. Varios aspectos, tales como la cobertura, la duración, los participantes, los niveles de coordinación, las reacciones de los gobiernos y las repercusiones permiten situar la experiencia colombiana en medio de las otras dos, más cerca de la chilena que de la ecuatoriana. Al finalizar el año había incertidumbre en los tres países sobre lo que podría ocurrir en 2020 y después.  

Un concierto casi continental de rebeldía 

En 2019 diversos sectores sociales dejaron escuchar sus voces para entonar cánticos, corear estribillos y gritar consignas en las calles y las plazas de América Latina. Acompañaron sus voces con toda clase de instrumentos musicales y por momentos, especialmente en las noches, cuando los gobiernos decretaron toque de queda y los obligaron a recluirse en sus casas, dejaron oír el ruido de las cacerolas. Todo un concierto de rebeldía. Viejas canciones como Bella Ciao, la misma que entonaron en su momento los partisanos antifascistas en Italia, fueron adaptadas para enunciar mensajes del presente: “Ciao Duque, ciao, ciao”, se escuchó en las calles de Cali. Igual sucedió con El baile de los que sobran, la canción que Los Prisioneros pusieron de moda al final de los años ochenta del siglo pasado, tanto en Chile como en el resto de América Latina. Otras piezas, como el quinto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, sirvieron para expresar los sentimientos de esperanza que albergaba la gente en las calles. Algunos cantautores se inspiraron en el propio clima de agitación existente para componer nuevas canciones, tales como Plata Ta Tá, un reguetón interpretado por la artista chilena Mon Laferte y el puertorriqueño Guaynaa, en el que critican a quienes se dedican a acumular plata, con sonido de cacerolas incluido. 

Fue un año de grandes protestas en varios países de esta parte del mundo. En Venezuela la continuidad de movilizaciones y contra movilizaciones expresó la agudeza de la confrontación en torno a las alterativas de orden social que promovieron el gobierno y la oposición. En Brasil la ciudadanía y la oposición se manifestaron reiteradamente en contra de varias políticas del gobierno conservador de J. Bolsonaro. En México los jóvenes y las mujeres manifestaron varias veces su descontento por la estigmatización de la juventud y la violencia de género. En Puerto Rico una convergencia casi espontánea de diversos sectores sociales y políticos logró en julio la renuncia de un Gobernador racista y misógino. 

En Bolivia la resistencia indígena y popular se activó en octubre para defender las conquistas logradas en los gobiernos de E. Morales, cuando su tercera reelección fue impedida. En Ecuador otra convergencia entre indígenas y ciudadanos logró también en octubre parar decisiones gubernamentales que favorecían a los grandes empresarios y perjudicaban al resto de la población. En Chile los jóvenes y otros sectores coaligados resistieron durante más de dos meses seguidos a partir de octubre los intentos gubernamentales de imponer alzas que hubieran aumentado la desigualdad, en medio de fuerte represión militar, y extendieron luego sus protestas sumando motivos: la violación de los derechos humanos, la carestía de la educación, el régimen pensional, entre otros. En Colombia estalló en noviembre una protesta que se prolongó varias semanas contra los planes del gobierno que anunciaban un paquete de reformas financieras y laborales regresivas, creando condiciones para que se expresaran también otras reivindicaciones.  

Motivos diversos, algo parecidos, nunca similares 

Los motivos de esta rebeldía generalizada fueron distintos en cada país, pero el solo hecho de que las protestas hayan coincidido en el tiempo obliga a preguntarse si tuvieron algo en común, total o parcialmente. 

Siempre es posible encontrar algo en común, inclusive para cobijar expresiones de rebeldía en los cinco continentes, si el nivel de análisis es suficientemente amplio y abstracto: el “fin de la historia”, el “fin del poder”, la “lógica del capital”, el “conflicto generacional” o algo parecido. Pero entonces quedan sin explicación alguna las situaciones nacionales o regionales más específicas, aquellas que aquí nos interesan. 

A propósito de los sucesos en América Latina hubo quienes, muy entusiastas y algo apresurados, comenzaron a hablar de la existencia de una “primavera latinoamericana”, estableciendo de hecho una analogía con lo que sucedió entre 2010 y 2013 en Oriente Medio, cuando se presentaron simultáneamente en varios países grandes movilizaciones orientadas a derrocar regímenes autoritarios que a la postre lograron sortear la situación y mantenerse vigentes, con una que otra excepción. Pero no, los motivos que impulsaron las recientes movilizaciones latinoamericanas fueron otros, relativamente diversos, y en todo caso distintos de los estuvieron en la base de las transiciones entre dictaduras militares y democracias civiles que tuvieron lugar en esta parte del mundo entre 1978 y 1990, mucho antes de la “primavera árabe”. Precisamente, una de las características de la situación de América Latina en lo que va corrido del siglo XXI es el consenso en torno a la idea de que existen democracias en prácticamente todos los países de la región, aunque se discute sobre la calidad de ellas, especialmente por la tendencia al surgimiento de “presidencias imperiales”, mediante la reelección indefinida de algunos mandatarios, pero también por el grado en que se garantizan derechos efectivos de ciudadanía para la población y, más recientemente, por el nivel de intervención que han vuelto a adquirir los militares. 

Esto último, el protagonismo militar, fue ciertamente un rasgo visible de la coyuntura latinoamericana de 2019. En Brasil quien gobernó desde el 1° de enero era un militar retirado, nostálgico declarado de la dictadura, que nombró a otros militares como miembros de su gabinete. En Bolivia el gobierno de E. Morales (2006-2019), terminó en últimas porque los jefes militares le “sugirieron” que dejara el poder, después de unas elecciones cuestionadas. En Venezuela se mantuvo el régimen de N. Maduro desde 2013 porque los militares no quisieron actuar de la misma manera que sus pares bolivianos. En Ecuador las fuerzas militares intervinieron en la represión de las manifestaciones callejeras. En Chile el ejército salió de nuevo, después de mucho tiempo, a reprimir las protestas civiles, de tal manera que la población revivió escenas que eran cotidianas bajo la dictadura de Pinochet. 

Entre los parecidos que se pudieron advertir, además del revivido protagonismo de los militares, la influencia de los grandes intereses económicos corporativos y la falta de legitimidad que afecta a los gobiernos nacionales, estuvieron: la juventud de la mayor parte de los participantes en las protestas, la diversidad de sectores sociales que se expresaron, la creatividad de las formas de acción, la dispersión de objetivos, el desencanto de fondo con el presente y el futuro que ofrecen las sociedades actuales a las nuevas generaciones. 

Pero, como se ha dicho, a pesar de los parecidos hubo diferencias notables entre las situaciones nacionales. Estas no impiden, sin embargo, distinguir al menos dos grandes grupos. Mientras casos como los de Puerto Rico, Venezuela, Perú y Bolivia estuvieron centrados directamente en la legitimidad de los máximos gobernantes y sus respectivos proyectos globales, no importa cuál fuera su orientación, otros como los de Ecuador, Chile y Colombia se articularon alrededor de cuestiones más concretas, relacionadas con las políticas sociales y económicas de los gobiernos de turno, inspiradas en el neoliberalismo. Aquí nos interesa este segundo grupo, al que pertenece la situación colombiana. 

Ecuador: un ajuste traumático neutralizado 

Lo que sucedió en Ecuador fue algo poco habitual que, sin embargo, ya había ocurrido antes en otros países de la región: un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para que el primero tuviera acceso a crédito hasta por US$4.200 millones, en caso de que lo necesitara, a cambio de medidas de ajuste tales como reducir el gasto estatal y los costos laborales, se tradujo en decisiones que produjeron la reacción inmediata de la población, por las implicaciones que estas irían a tener en su calidad de vida (BBC, 111019). 

El gobierno de Lenin Moreno anunció en marzo el acuerdo con el FMI, después de señalar que su antecesor, Rafael Correa, había dejado aumentar la deuda total del país hasta niveles impagables sin un acuerdo de ese tipo. Esto produjo la ruptura entre L. Moreno y su mentor hasta ese momento, quien a partir de entonces lo acusó de traidor. Esta división entre élites políticas quedó gravitando en el ambiente e influyó en el curso posterior de la situación. 

Seis meses después, el 2 de octubre, el Presidente anunció que finalizaban cuarenta años de subsidio a los combustibles, el precio de la gasolina subía a partir de la fecha, Ecuador se retiraba de la OPEP (Organización de Países Petroleros), se eliminaban los impuestos a las importaciones, se reducía el salario para los futuros contratos laborales en la administración pública, se despediría a 23 mil funcionarios y enviaría al Congreso proyectos de ley para reducir impuestos a las empresas y precarizar el trabajo (Hurtado, 2019). Brutal, sin duda. Un típico ajuste traumático. 

Muchas personas se lanzaron espontáneamente a las calles para protestar, la policía comenzó a reprimir. Los trabajadores agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y los indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIE), apoyados por algunas organizaciones políticas de oposición, convocaron a una huelga general que se llevaría a cabo ocho días después, el miércoles 9 de octubre. La CONAIE anunció una marcha indígena sobre Quito. 

El gobierno evitó que los transportadores apoyaran el paro, concediéndoles un incremento en los precios del transporte público, lo cual, como era de esperarse, exacerbó los ánimos de los usuarios del servicio. Las organizaciones indígenas y sindicales incrementaron y extendieron la protesta a las provincias, realizando bloqueos en zonas urbanas, cortes de tráfico en las carreteras, marchas simultaneas. La CONAIE, actuando como autoridad tradicional, decretó Estado de Excepción en los territorios indígenas y anunció medidas contra los miembros de la fuerza pública que reprimieran a la población. 

En vista de que la marcha indígena se acercaba a Quito y las sedes de los poderes públicos comenzaban a ser asediadas en la Capital, el presidente Moreno decidió trasladar su gobierno a la ciudad costanera de Guayaquil. Esto ocurrió el lunes siete. Adicionalmente, culpó al expresidente Correa de instigar un golpe de estado en su contra, contando con el apoyo del presidente de Venezuela, N. Maduro. En medio de las protestas, que continuaban creciendo, los líderes de estas advirtieron que nada tenían que ver con el expresidente Correa ni con supuestos golpes de estado. Pidieron, si, la anulación de todas las medidas de ajuste que había sido tomadas. 

El miércoles 9 la huelga general era una realidad. La gente estaba en las calles. Varios edificios que servían de sede a las principales entidades estatales en Quito habían sido ocupados, igual que varias gobernaciones provinciales. Miles de indígenas ya se encontraban en la Capital. El Presidente recibió el apoyo de otros siete gobiernos latinoamericanos, incluido el de Colombia, mientras la ONU y la Conferencia Episcopal se ofrecían como facilitadores de un eventual diálogo. J. Nebot y otros miembros de la élite de Guayaquil promovieron en esa ciudad una contra marcha “por la paz”, que resulto lánguida. Al final de la jornada L. Moreno anunció por primera vez su disposición al diálogo, pero condenó a los “criminaloides” que habían producido destrozos. 

Entre el jueves 10 y el sábado 12 hubo fuertes enfrentamiento entre civiles y miembros de las fuerzas armadas en las calles de Quito. El jueves los indígenas retuvieron a varios policías y periodistas, invitaron a las fuerzas militares a dejar de apoyar al gobierno y realizaron el sepelio de tres de las primeras víctimas. El viernes trataron de entrar al centro histórico de la ciudad, para acercarse a la Asamblea Nacional, pero fueron repelidos por las fuerzas del orden. El sábado, declarado como “día de resistencia indígena y popular”, las protestas cobraron tal intensidad que obligaron al gobierno a implantar el toque de queda a partir de las 8 p.m. Entonces vino un sonoro cacerolazo. 

Al otro día, el domingo 13, el gobierno cedió, llegó a un acuerdo con la CONAIE para derogar el decreto de alza en el precio de los combustibles y desistir de otras medidas. Los sindicalistas quedaron con dudas acerca de si también las que perjudicaban directamente a los trabajadores serían reversadas. Se inició el denominado “Diálogo Nacional” entre el gobierno y los representantes de los sectores movilizados, con la mediación de la ONU y los obispos católicos. Al otro día algunas brigadas voluntarias de ciudadanos ayudaron a limpiar la ciudad mientras los indígenas iniciaban el retorno a sus lugares de origen. 

Un balance de la Defensoría del Pueblo reconoció 8 muertos, todos civiles, 1.340 heridos y 1.192 detenidos (EC, 141019). El balance del gobierno destacó que hubo 132 bloqueos a carreteras , 430 policías lesionados y $2.300 millones en pérdidas (EU, 151019). 

El año terminó en medio de negociaciones, llamados de atención de varios organismos internacionales por la violación de derechos humanos, reticencias del gobierno ante las demandas sociales y negaciones con respecto al uso excesivo de fuerza pública. 

Chile: alza de transporte reversada y apertura de un proceso constituyente 

Lo que sucedió en Chile fue algo extraordinario, por el cambio de escala que sufrió en muy poco tiempo. Un alza en las tarifas del transporte público, medida relativamente aislada que siempre afecta a amplios sectores de la población, desató una protesta que desbordó rápidamente ese motivo original, llegando a convertirse en una movilización de varias semanas contra el modelo económico y el régimen político vigentes. 

El cuatro de octubre un panel de expertos le recomendó al gobierno que produjera un alza en la tarifa del pasaje de metro en la Capital, en lugar de incrementar el subsidio estatal para ese sistema de transporte. Dos días después el gobierno aumentó la tarifa: $8.30 en horario “punta” y $7:30 en horario “valle”. Inmediatamente comenzaron las protestas, Los jóvenes, más que todo estudiantes de secundaria, empezaron a evadir el pago de tarifas e invitaron a todos los usuarios a hacer lo mismo. En los días siguientes se multiplicaron las evasiones y comenzaron los ataques contra las estaciones del metro, mientras continuaba la protesta en las calles. Vino la represión policial y sus excesos sumaron otro motivo a la protesta, contribuyendo a que se trasladara a otras ciudades. Al Ministro de Economía se le ocurrió sugerirle a los usuarios que madrugaran para viajar en “hora valle” a menor costo. El martes 15 ya había varias estaciones destruidas, seguían los enfrentamientos en las calles, se produjeron incendios en algunos edificios, el metro fue suspendido, sonaron las primeras cacerolas. 

El sábado siguiente, 19 de octubre, fue decretado el estado de emergencia general y, posteriormente, estado de sitio en varias ciudades, sacando el ejército a patrullar las calles, incluida la Capital, donde hubo saqueos y se estableció toque de queda, el cual se prolongó durante varios días seguidos. Sonaron las cacerolas mientras se conocía una declaración del Presidente en la que afirmó, teniendo cerca al General J. Iturriaga: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite” (LT 201019). Al otro día el propio General Iturriaga, Jefe de Defensa Nacional, aclaró: “la verdad es que no estoy en guerra con nadie” (LT 211019). Pequeña fisura reveladora entre civiles y militares en la cúpula del poder. 

El 22, martes, Piñera decidió combinar la represión con el apaciguamiento. Pidió perdón por su falta de visión sobre los efectos que estaba produciendo la inequidad y el abuso acumulados durante años, sin que los gobiernos hicieran lo suficiente para superarlos (LT 231019). Anunció “medidas sociales”: sueldo mínimo de $350 mil, aumento de 20% en pensión básica solidaria, mayores impuestos para altos ingresos, reducción de la dieta parlamentaria y los sueldos de altos cargos estatales, estabilización de tarifas de energía, principalmente. La gente en las calles rechazó las “medidas parche” y radicalizó sus demandas, ahora querían un “cambio de modelo económico” y una “nueva Constitución”. 

Un día después fuentes oficiales reconocieron 19 personas muertas como resultado de los enfrentamientos, se puso en evidencia la brutalidad de la represión militar, el gobierno pidió a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, que enviara una misión para valorar la situación. 

El viernes 25 de octubre se reunieron en la plaza Italia, en el centro de Santiago, más de un millón de personas para protestar contra la desigualdad, a favor de reformas sociales y económicas integrales. Era la más grande manifestación en la Capital desde el retorno a la democracia en 1990. 

En seguida. El Presidente reconoció que algo había cambiado, “Chile es distinto al de hace una semana” dijo, levantó el toque de queda y pidió la renuncia de todo su gabinete. Dos días después relevó de sus cargos a cinco de las figuras más negativas en la cúpula del gobierno. 

En los días siguientes se realizaron múltiples protestas en diferentes ciudades, cortes de carretera por iniciativa de los transportadores, así como cabildos abiertos autoconvocados. Un rasgo clave de las movilizaciones chilenas fue que no hubo un comité que coordinara las acciones centralizadamente, aunque varias organizaciones sindicales y cívicas lo intentaron. Algunos congresistas de oposición comenzaron a impulsar en serio un plebiscito para una nueva Constitución. La sociedad oftalmológica informó que al menos 109 personas habían llegado a los hospitales con “trauma ocular severo”, producto del impacto de los balines que la fuerza pública disparaba contra los manifestantes. Estos comenzaron a salir con parches en los ojos y radicalizaron sus denuncias sobre la violación de los derechos humanos por parte de carabineros y militares. Los viernes se convirtieron en días de protesta masiva y múltiple, situación que permaneció así hasta el final del año. 

Por fin, el domingo 10 de noviembre, la idea de promulgar una nueva Constitución fue acogida por el presidente Piñera. Su Ministro del Interior anunció la noticia. Cuatro días después se dio a conocer la fórmula acordada entre delegados del Presidente y los partidos políticos: plebiscito en abril de 2020 para definir entre una “convención mixta constitucional” (50% delegados electos y 50% congresistas en ejercicio), o una “convención constitucional” (100% delegados electos directamente). La elección de los delegados constitucionales se llevará a cabo en octubre de 2020 y el órgano constitucional dispondrá de 90 días para hacer su tarea. Después del acuerdo inicial, las discusiones continuaron en torno a los límites que podrían ponerse de antemano a la Convención Constituyente (LT 071219). Muchos sectores sociales movilizados dejaron saber que el pacto político no los incluyó, pero que en todo caso preferían una constituyente soberana (LI 151119). 

Paradójicamente, mientras se tramitaba el acuerdo político para una nueva constitución, en el Congreso se aprobaban dos leyes para reglamentar la protesta social, propuestas por el gobierno como parte de su política de seguridad. Una ley “anti encapuchados” (CNN 281119), el 27 de noviembre, y otra “anti-saqueos” y barricadas el 4 de diciembre (LT 051219). Estas habían sido presentadas varios años antes por el Presidente, cuando ejercía su primer mandato (2010-2014), pero solo ahora encontraron ambiente para ser aprobadas. 

El año terminó con altos niveles de incertidumbre sobre lo que podría pasar con la Constituyente, las leyes de seguridad impulsadas por el gobierno y sus efectos sobre la movilización, el deterioro de la situación de los derechos humanos por la actuación de las fuerzas armadas y la legitimidad del Presidente, pues su gestión era aprobada solo por el 10% de la población, mientras un 67% se mostraba de acuerdo con que continuaran las movilizaciones (EE 021219). 

Colombia: freno parcial a reformas regresivas y gran explosión de descontento 

En Colombia ocurrió algo también extraordinario, por la amplitud que tomó en poco tiempo. Una protesta generada por motivos diversos detuvo a medias la gestación de reformas gubernamentales orientadas a fortalecer el régimen de ahorro privado para la jubilación y precarizar aún más el trabajo, pero no pudo impedir una nueva reforma tributaria regresiva. A cambio, le brindó una oportunidad al primer gran estallido de descontento en las nuevas condiciones creadas por la desmovilización guerrillera, que ahuyentó el fantasma de la “subversión” con el cual antes los gobiernos y las élites asociaban la protesta social. 

Casi desde su posesión, en agosto de 2018, el presidente I. Duque tuvo que responder demandas de diversos sectores sociales, principalmente estudiantes, indígenas, maestros, ambientalistas, pacifistas y trabajadores, orientadas a lograr financiación adecuada de la educación para los jóvenes, tierra y sustitución de cultivos para los habitantes del campo, salud de calidad para todos, preservación del medio ambiente, continuidad en la ejecución de los acuerdos de paz, protección para los líderes sociales y desmovilizados que estaban siendo asesinados sistemáticamente, trabajo digno para todos, cumplimiento de acuerdos previos entre gobiernos anteriores y estos mismos sectores. 

Durante sus primeros meses el nuevo gobierno respondió de manera selectiva e inorgánica, dependiendo de la capacidad de presión de cada sector: atendió parcialmente las demandas estudiantiles, mucho menos las de los indígenas y maestros, abrió mesas de concertación con otros, llegó a acuerdos con los paneleros de Santander, uno que otro grupo de transportadores y poco más. 

Mientras tanto el partido de gobierno y los ministros del gabinete impulsaron, con el apoyo a veces explícito y a veces tácito del Presidente, una serie de iniciativas que iban en contravía de las demandas mencionadas: modificaciones a la Justicia Transicional pactada en los acuerdos de paz, políticas sociales y económicas regresivas en el Plan de Desarrollo, reforma tributaria disfrazada de ley de financiación que otorgaba nuevas exenciones a los más pudientes, intentos de “reglamentar” la protesta social, entre otras cosas. 

Mucho antes de cumplirse el primer año del gobierno ya era evidente que el desencuentro entre las demandas sociales y los planes gubernamentales era bastante grande. El 25 de abril de 2019 se llevó a cabo un paro nacional que había sido convocado dos meses antes por los participantes en un encuentro de organizaciones sociales y sindicales. El paro se hizo para protestar por distintos motivos, desde la política social y económica hasta el asesinato de líderes sociales y el saboteo al proceso de paz, pero no resultó masivo: unas 10 mil personas se movilizaron en Bogotá y al final, la jornada terminó con escenas rutinarias, hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, algunos destrozos, algunos detenidos. En otras ciudades también marcho gente por las calles, más bien poca. 

La gran diferencia entre ese primer paro nacional de abril y el segundo, el 21N, no puede comprenderse sin tener en cuenta una serie de episodios que incrementaron la indignación de la ciudadanía, entre los cuales pueden destacarse al menos seis: (1) la negativa del Presidente a reunirse con los indígenas del Cauca en abril, cuando estaban sufriendo el asedio violento de grupos criminales asociados al narcotráfico, y la inercia posterior del gobierno cuando se produjeron nuevas masacres contra varios comuneros en distintos resguardos, (2) el hundimiento en el Congreso, al final de la primera legislatura del año, en junio, de casi todos los proyectos anticorrupción que habían sido preparados para responder al clamor expresado por millones ciudadanos que habían votado a favor de esas iniciativas en una consulta el año anterior, (3) el asesinato sistemático de líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados que según fuentes confiables llegaba a 462 y 136 en agosto, cuando se realizó una gran movilización nacional para reclamar mayor acción del gobierno para protegerlos, (4) la fuerte represión que sufrían los estudiantes cada vez que salían a las calles para protestar contra episodios de corrupción en algunas universidades y los incumplimientos del ministerio de educación, cuyo incidente más ofensivo ocurrió el 24 de septiembre, cuando la policía entró disparando gases lacrimógenos a un hospital universitario en Bogotá, (5) la evidencia, conocida en octubre, de que al menos en un caso emblemático, miembros del ejército planeaban con anticipación el asesinato de exguerrilleros desmovilizados, dedicados ahora a labores de paz, o bombardeaban reductos insurgentes aun sabiendo que allí se encontraban niños recién reclutados por los grupos irregulares, como quedó comprobado el 5 de noviembre, y (6) un motivo especial, que merece comentario aparte por la influencia que tuvo en la irritación del descontento: un conjunto de medidas socialmente regresivas empaquetadas en la reforma tributaria y los anticipos de una reforma pensional y otra laboral. 

El descontento inicial contra dicho paquete surgió cuando, aprovechando las expectativas de los primeros meses de gobierno, este hizo aprobar en el Congreso, el 28 de diciembre de 2018, una “ley de financiamiento” que otorgaba más exenciones tributarias a los grandes inversionistas que a las capas vulnerables de la población y hacía prever un recaudo menor al monto que concedía en subsidios (UN-P, 271218). Dicha ley fue anulada por la Corte Constitucional en octubre, pues tenía vicios de procedimiento, obligando al gobierno a presentarla de nuevo. 

Simultáneamente el ministro de hacienda, la ministra de trabajo, varios dirigentes de los gremios empresariales y sus aliados en el Congreso comenzaron a ambientar nuevas privatizaciones y otras reformas. Entre enero y septiembre dejaron ver, en distintas declaraciones, que el gobierno contemplaba la posibilidad de vender activos del Estado, incluido un porcentaje de Ecopetrol, para cubrir el faltante presupuestal (EE 170119), e impulsar una reforma pensional calificada como “estructural” (EE 230119), para “aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo” (EE151019). Un congresista del partido de gobierno alcanzó a presentar a mediados de año un proyecto para marchitar el sistema pensional de prima media administrado por Colpensiones, aunque luego lo retiró (EE 080919). El propio jefe del partido, el expresidente A. Uribe, mentor político del Presidente I. Duque, radicó otra propuesta para reducir la jornada de trabajo y permitir la contratación por horas de los jóvenes, las mujeres y los mayores, con el argumento de facilitar la “formalización del trabajo”, aunque luego excluyó los aspectos más enojosos del proyecto de ley (EE 190919). 

En octubre el gobierno anunció que volvería a radicar en el Congreso el mismo texto de ley de financiamiento que la Corte Constitucional había tumbado, con la pretensión de obtener su aprobación sin modificaciones, pero el ascenso del descontento social y la necesidad de ganar aliados en el Congreso para asegurar su aprobación, lo condujeron a cambiarle el nombre, ahora se llamaría “ley de crecimiento económico”, y a incrustarle tres cuñas “sociales”: devolución del IVA de la canasta familiar al quintil más pobre de la población, suspensión del cobro de IVA durante tres días al año y reducción de la contribución a salud pagada por los pensionados con salario mínimo. Medidas antitécnicas, como lo señalaron algunos expertos (Ofiscal, 031219), e insuficientes como lo pusieron de presente los dirigentes sindicales (ENS, 091219).

Cuando un Encuentro Nacional Social y Sindical de Emergencia, realizado el 3 y 4 de octubre en Bogotá, convocó la realización de un nuevo paro nacional para el jueves 21 de noviembre, el presidente del gremio de los comerciantes acababa de proponer la formalización de la contratación laboral por horas y la diferenciación del salario mínimo por regiones (para pagar menos por fuera de las grandes ciudades), el senador A. Uribe venía de presentar su propia propuesta para precarizar el trabajo de los jóvenes, la ministra de esa cartera apoyaba públicamente la fórmula de “flexibilizar el trabajo para formalizarlo”, un senador del partido de gobierno proponía la prohibición de las marchas de protesta entre lunes y viernes, el presidente del gremio financiero estaba sugiriendo pagar solo el 75% del salario mínimo a los jóvenes para que fueran contratados más fácilmente. Otro congresista, esta vez un representante liberal, proponía tipificar el vandalismo como delito en el código penal, en línea con las insinuaciones del ministro de defensa a favor de “reglamentar la protesta social”. En esos días de finales de septiembre y comienzos de octubre el sentimiento de injusticia creció, sin duda, sobre todo entre los trabajadores y los jóvenes. 

Después, ya en vísperas del paro convocado, las elecciones locales y regionales pusieron en evidencia un retroceso del partido de gobierno, vinieron las denuncias contra miembros del ejército por planear el asesinato de desmovilizados y contra sus altos mandos por autorizar el bombardeo de niños reclutados forzosamente, el ministro de defensa tuvo que dejar su cargo, el gobierno adoptó una actitud defensiva. 

Fue la indignación acumulada lo que produjo el estallido del 21N. En vísperas de ese día las encuestas mostraron que la insatisfacción con el gobierno estaba en el 70%. Era indignación contra el gobierno, sus aliados y lo que representaban, las bancadas del congreso que lo apoyaban, los gremios que le indicaban las reformas que debía impulsar, los medios de comunicación que le hacían eco, los militares y policías que lo custodiaban, especialmente el ESMAD, que estaba reprimiendo tan duramente a los jóvenes. La torpeza del gobierno y el estímulo proveniente de otras sociedades latinoamericanas movilizadas complementaron la situación. 

El paro se inició el 21 de noviembre y, a pesar de su nombre, fue más bien una protesta generalizada, descentralizada, juvenil, diversa e innovadora que se prolongó hasta el fin de año y merece en sí misma un análisis aparte que no cabe en este escrito. 

Diferencias y semejanzas entre los tres casos: una aproximación inicial 

En los casos de Ecuador y Chile las protestas fueron en un comienzo reacciones espontaneas ante decisiones gubernamentales que evidentemente perjudicaban a la mayor parte de la población: un paquetazo completo en Ecuador, una única medida en Chile. Espontáneas quiere decir sin preparación previa, sin convocatoria por parte de algún comité de delegados. En Colombia, en cambio, fue una acción generada por la convocatoria de un comité de delegados, que buscaba por segunda vez en un mismo año estimular la oposición a varias medidas dispersas, algunas apenas en proceso de gestación, pertenecientes eso sí a la misma familia de las que se tomaron en los otros dos países.  

Ahora, en todos los tres casos, después de la activación inicial, se produjo un proceso rápido de expansión y continuidad que llevó la protesta a muchas ciudades fuera de la Capital y la prolongó en el tiempo. Las movilizaciones tuvieron carácter nacional y, aunque fueron principalmente urbanas, cobijaron varias regiones en cada país e involucraron importantes núcleos de residentes en el extranjero. En Ecuador la marcha de ida y vuelta protagonizada por los indígenas, entre sus lugares de origen y la Capital, incorporó más orgánicamente que en los otros casos territorios de varias regiones. Ecuador fue también donde la movilización duró menos, apenas trece días, mientras en Chile se prolongó por más tiempo, un poco más de dos meses, y en Colombia completó tres semanas, antes de que llegara el receso del fin de año. 

Los protagonistas fueron los jóvenes, muy visibles en Chile y Colombia, los indígenas, claves en Ecuador y relativamente visibles en Colombia, las mujeres, especialmente a partir del lunes 25 de noviembre en que se volvió viral “un violador en tu camino”, el performance originado en Chile y replicado luego en todo el mundo. Los sindicalistas tuvieron un lugar destacado, especialmente en Colombia y Ecuador. Otros sectores sumaron también su presencia, sobre todo allí en donde la acción de prolongó más tiempo: artistas de todas las artes, intelectuales, ambientalistas, habitantes de los barrios, sobre todo. Los campesinos esta vez no fueron protagonistas. 

El mayor grado de organización fue logrado en Ecuador a partir del momento en que los indígenas agrupados en la CONAIE decidieron marchar sobre Quito y sincronizaron sus acciones con las de otras organizaciones sociales centradas en la Capital. Pero coordinación hubo en todas partes, desde el comienzo, a través de las redes sociales electrónicas, que sirvieron para proponer iniciativas, replicar acciones, acordar objetivos, convenir consignas, pactar agendas. Se comprobó nuevamente la hipótesis según la cual las redes de internet y las plataformas de comunicación inalámbrica sirven en las sociedades contemporáneas para que las poblaciones movilizadas adquieran la autonomía comunicativa que requieren con el fin de convertirse en contra poder (Castells, 2015: 31). 

La reacción inicial de los gobiernos, centrada en la represión, creó una dinámica de interacción que contribuyó a incrementar la protesta. La represión fue muy fuerte, en Ecuador y Chile los militares salieron a controlar el orden público cuando la policía se mostró impotente para hacerlo, los cuerpos especializados de la policía usaron en los tres países armamento supuestamente no letal que produjo muertos y heridos, las Defensorías del Pueblo y las organizaciones internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos comprobaron que estos fueron violados en los tres países. El principal efecto de la represión fue el de sumar una reivindicación más a la lista de demandas de quienes se movilizaron: el cese de la violencia oficial, el respeto a la libertad de movilización pacífica. Adicionalmente, reforzó la solidaridad entre los participantes y ofreció mayor justificación para continuar las luchas. 

En todos los tres casos los gobiernos perdieron legitimidad y margen de maniobra, tuvieron que ceder. Hicieron a un lado la represión y reversaron o congelaron las medidas que habían dado origen a las protestas, mucho más claramente en Ecuador y Chile que en Colombia. Comenzaron a ensayar otros mecanismos de control, tales como dilatar las negociaciones (Ecuador), evitarlas proponiendo a cambio diálogos ambiguos (Colombia), o privilegiando a los políticos como interlocutores (Chile), y ofrecer “parches” de reforma social, en los tres países. 

Estas protestas tendrán repercusiones a corto y mediano plazo, aunque no se pueden prever fácilmente, porque son procesos aún en marcha y mucho de lo que suceda depende de la forma en que se cierren los ciclos que se mantienen abiertos. Como en los tres países hay gobiernos de centro derecha, cuyas políticas son casi por definición opuestas o distantes de las que reclaman quienes protestan, es posible que traten de salir del impase con cambios de gabinete, congelamiento o aplazamiento de las reformas y pequeñas concesiones “sociales”. Esto deja abierta otra opción, que los próximos gobiernos elegidos sean más afines a las demandas que esperan ser satisfechas. Las fechas de las siguientes elecciones presidenciales serán a comienzos de 2021 en Ecuador, a finales del mismo año en Chile y en el primer semestre de 2022 en Colombia. Habrá que ver. 

Tal como se admite por parte de algunos analistas de la acción colectica contenciosa, lo que produce estallidos de protesta como los que hemos examinado son dos cosas, una sencilla y otra más compleja: sentimientos de injusticia (Barrington, 1989) o indignación (Castells, 2015), en medio de situaciones que se estructuran como oportunidades (Tarrow, 2012). Aquí hemos explorado y puesto en evidencia, al menos para el caso colombiano, lo primero. Lo segundo queda pendiente, incluido el nexo que pueda haber entre las oportunidades estructuradas que activaron las movilizaciones y rasgos más estructurales de las sociedades latinoamericanas, tales como la desigualdad en sus varias dimensiones. 

Referencias 

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